Por la despenalización del aborto.
8 de julio 2008
Abortar en España es delito, y solo se salva de la cárcel la mujer que aborta acogiéndose a los tres supuestos despenalizadores: cuando exista peligro para su la salud física y psíquica, si se presume que el feto nacerá con malformaciones, o en el caso de que la gestante lo sea por una violación.
El 24 de septiembre 2004 el pleno del Congreso de los Diputados rechazó la toma en consideración de tres proposiciones de ley defendidas por Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IU-ICV) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) dirigidas a ampliar la regulación del aborto, con el fin de que la decisión dependiera exclusivamente de la mujer. Los partidos proponentes hacían hincapié en la "inseguridad jurídica" que planteaba la actual legislación y en la "vulneración" de la intimidad y la libertad de las mujeres para decidir de manera responsable sobre su maternidad. En este sentido, Carme García (IC) criticó la "doble moral" de los socialistas al hacer un discurso de feminismo e igualdad y al mismo tiempo permitir que se siga "criminalizando a la mujer por ejercer el derecho de elegir como y cuando ser madre". La diputada socialista, María Soraya Rodríguez, aseguró compartir "el fondo" de las propuestas, pero señaló la necesidad de establecer un "cambio tranquilo" que garantizase, desde el punto de vista normativo, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
En noviembre de 2007 se sucedieran graves hechos protagonizados por grupos “anti-elección”, apoyados por la jerarquía católica, por algunos jueces y sectores del poder político, contra las mujeres que abortaron y las y los profesionales sanitarios que atendieron su demanda. Esto provocó la inmediata movilización de mujeres que se autoinculparon de haber abortado y de hombres que declararon haber colaborado, dentro de la campaña por el derecho al aborto y en solidaridad con las mujeres y profesionales acosados. Se entregaron en los juzgados de distintas ciudades 15.000 autoinculpaciones. En algunos casos los juzgados han procedido a archivarlas, pero en otros, como es el caso de Valencia, Sevilla, Tarragona o Granada, están llamando a declarar a las mujeres bien como testigos, bien como imputadas.
El sentido común se impone tras el informe emitido en junio de 2008 por la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, que instaba a los fiscales a abstenerse de iniciar investigaciones para esclarecer los delitos de aborto de las mujeres y hombres que se autoinculparon por pura solidaridad y para provocar un debate público sobre el aborto, lo que no es constitutivo de delito.
La coalición conformada por Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds (IU-ICV) volvió a insistir, esperando que la nueva mayoría parlamentaria conseguida por el PSOE en 2008, permitiera la aprobación en la Cámara Baja, lo hizo en abril de este año. Pidieron que el gobierno garantizase a todas las mujeres que lo solicitasen por escrito el derecho al aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Añadía, además de los supuestos ya contenidos en la ley, que el aborto debe ser facilitado por la administración “cuando, a juicio de la mujer, la continuación del embarazo suponga un conflicto personal, familiar o social que le impida proseguir dicho embarazo”. Tampoco prosperó.
Llamazares insistió, presentó en mayo, a la Mesa del Congreso, la proposición para crear una Subcomisión Parlamentaria sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Ésta debe estudiar la reforma de la ley para intentar subsanar sus deficiencias y seguir las directrices del Parlamento Europeo que recomienda a los estados miembro para proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres, que el aborto sea legal, seguro y accesible para todas, y que se abstengan de procesar a mujeres a quienes se les haya practicado un aborto ilegal.
También en mayo la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa a veinte asociaciones de once comunidades autónomas, con motivo del Día Internacional por la salud de la mujeres emitieron un comunicado en el que se anunciaba una campaña “Por la despenalización del aborto” Definía varias iniciativas: recogida de firmas, actos informativos, movilizaciones y la presentación y la actualización del estudio “Interrupción Voluntaria de embarazo. El derecho de las mujeres a decidir”.
Así las cosas el PSOE acaba de clausurar el 37 Congreso con el compromiso de crear una comisión de personas expertas que realice una propuesta vanguardista sobre la legislación del aborto. Y defendiendo tres criterios: equidad territorial en la prestación del servicio; seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y profesionales que las atienden y derecho de la mujer para decidir sobre el control de su maternidad. Espero verlo antes de que la ley vigente cumpla veinticinco años.
